Uno de los fenómenos más sorprendentes que vive la sociedad peruana en la actualidad es la masiva migración de sus ciudadanos hacia otros lugares del planeta. La razón principal es la falta de oportunidades laborales. Así, más de dos millones y medio de peruanos se encuentran actualmente fuera y de esta cifra, alrededor de un millón y medio son inmigrantes ilegales, lo que significa muchas de las veces una estancia con dificultades en los países que los acogen. Ante esto algunos países receptores de personas en movilidad humana han desarrollado diversas políticas migratorias para regular la estancia de las personas en movilidad, pero estás políticas migratorias en algunos países están encaminados a detener los flujos migratorios, ejemplo de ello son EEUU y últimamente algunos países de la Unión Europea, cuyas leyes exteriores se han endurecido por motivos de “seguridad nacional”. En contraparte otros países han asumido el hecho migratorio como un factor importante en el desarrollo de una sociedad por lo cual han establecido normas de amnistía, regularización e integración de los inmigrantes en su territorio. Un ejemplo para tomar es el Ecuador, ya que, de ser un país emisor de migrantes se ha convertido en un receptor de inmigrantes a raíz de la dolarización en el año 2000, lo que ha causado recelo en la población ecuatoriana que culpa a los peruanos de quitarles los puestos de empleo y a los colombianos del aumento de la inseguridad y que ha hecho que la actuación de la justicia ecuatoriana se limite ante estos casos al arresto y repatriación de los inmigrantes pero normalmente en condiciones de irrespeto a los Derechos Humanos.
En el caso peruano hace unos años atrás eran conocidos las historias de compatriotas explotados laboralmente, denunciados xenofóbicamente y finalmente deportados, pero esta situación cambió gracias al acuerdo bilateral de regularización firmado el 26 de octubre de 2006 y ampliado hasta el 31 de diciembre de 2009, lo cual la celebraron con entusiasmo muchos de los peruanos en condición irregular, y las instituciones como la Pastoral Social de Movilidad Humana, entre otras, que continuamente estuvieron trabajando por el respeto de los derechos humanos de los extranjeros en el Ecuador.
Es preciso mencionar también que el ecuador conciente esta situación, en su actual Carta Magna, concretamente en 32 articulados, estipula políticas migratorias definidas a velar por los derechos de las personas migrantes e inmigrantes, y; que de las mismas se erigieron instituciones gubernamentales para aplicarse en el hecho migratorio como es la Secretaria Nacional del Migrante –SENAMI-, un organismo con rango de ministerio que brinda diversos servicios a los ecuatorianos en el exterior y extranjeros en el Ecuador.
Es por ello que me atrevo a decir que en lo concerniente a la política migratoria ecuatoriana el estado peruano debe tomarlo como ejemplo, no es posible que existan leyes de extranjería un tanto alejados al actual fenómeno migratorio, por citar como ejemplos la sanción que existe por deportación que señala la prohibición de retorno por un plazo de diez años, los trámites ultraburocraticos para la naturalización de extranjeros y hasta hace poco el pasaporte más caro del mundo -60 dólares- ¡imagínense!.
Para continuar enfatizó que así como se pone énfasis a los tratados de libre comercio se debe proponer alternativas factibles a la movilidad de los ciudadanos peruanos en el mundo, no quiero pensar que el gobierno mira a sus migrantes como meras maquinas de enviar dinero y peor darle la razón a muchos que afirman que el Perú lucra con la migración. Como esperamos que nos traten bien afuera cuando no hacemos lo mismo adentro, por ello en materia migratoria se debe poner primero “orden en casa” empezando por actualizar las leyes, la revisión y seguimientos de los acuerdos migratorios, y; la promulgación de normas que otorguen representatividad a los peruanos en el exterior. Es un chiste (con el perdón de la expresión) el voto de los migrantes peruanos para los representantes a congresistas por la ciudad de Lima. No hay lógica.
Asimismo, en relación al lado de la diplomacia consular está debe estar concatenado a una diplomacia social, efectiva y sujeta a fiscalización, con ello evitaremos las denuncias por corrupción del personal consular e inoperancia de los que dirigen las embajadas y consulados peruanos en el mundo.
Estoy seguro que la mayoría de los casi cuatro millones de peruanos (no existen cifras oficiales), regulares e irregulares si pudieran elevar sus protestas a la labor del gobierno peruano para con ellos, coincidirían con lo escrito en la presente opinión, que no es un llamado de atención si no un llamado a la reflexión; necesitamos urgentemente definir políticas migratorias que ante todo velen por el bienestar de la persona humana y cuya misión-visión se encamine a la reprocidad, integración y solidaridad con los países que nos acogen. Entonces a trabajar “porque nadie es patria los somos todos”.
Por José Rosales
Comunicador Institucional –ASOPEC-
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